ARCA y el RPI firmaron convenios con Paclín, San Fernando y Tinogasta

El director Ejecutivo de ARCA, Gonzalo Figueroa, y la directora general del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Patricia Valdez, firmaron convenios de cooperación con los intendentes de Paclín y San Fernando, (Belén).

A través de estos acuerdos, el RPI pondrá a disposición de estos municipios información obrante en la base de datos de este organismo con el índice de titulares de inmuebles de estas jurisdicciones.

Rubricaron los acuerdos los intendentes de Paclín, Eduardo Menecier y de San Fernando, José Figueroa. También adhirió, en el mes de febrero, la municipalidad de Tinogasta, a través del intendente Sebastián Nóblega.

El director Ejecutivo de ARCA sostuvo que el organismo “sigue respaldando a los contribuyentes y trabajando por la apertura del organismo a la comunidad”.

La directora del RPI, destacó que “ARCA y el Registro de la Propiedad avanzan con medidas que acercan el organismo a la gente, en este caso, al interior de la provincia, brindando la posibilidad a los municipios de actuar como nexo con el Registro de la Propiedad”.

Con la transferencia del software con información sobre propietarios de inmuebles, los municipios podrán acceder a la información en forma alfabética, dominial y cronológica de cada jurisdicción. A su vez, los municipios brindarán al RPI información y documentación en materia inmobiliaria registral y proveerán los medios materiales y recursos humanos necesarios para el proceso de transferencia de información, en formato digital.

Los municipios, a través de los funcionarios designados, serán los responsables de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, evitando su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, que permitan detectar cualquier tipo de fuga o desviaciones de la información.

Además, el Registro capacitará al personal de los municipios para la realización de los trámites web de “Afectación y Desafectación al Régimen de Vivienda Familiar”, cuyo objetivo es proteger la vivienda, que no podrá ser ejecutada por deudas posteriores a su afectación, salvo excepciones